El pasado domingo 13 de septiembre de 2026 se vivieron momentos de extrema tensión en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental ubicados en el sur de Argelia. Decenas de ciudadanos, inversores y comerciantes indignados se concentraron masivamente ante la sede de la empresa Infravest, en la Wilaya de Chahid El Hafed, para exigir de forma tajante la devolución de sus fondos tras salir a la luz lo que se perfila como una de las mayores estafas financieras registradas en la región.
Un fraude piramidal devastador
El descontento popular estalló tras la rápida propagación de informaciones que confirmaban la desaparición del director de la compañía, el llamado Sallamu Abbaali, sobre quien pesan fundadas sospechas de haber huido hacia los Emiratos Árabes Unidos. Las alarmas saltaron además después de que el directivo retirara su fotografía de perfil en Facebook un día antes de su fuga.
Las primeras estimaciones sobre el terreno apuntan a que los afectados han sufrido pérdidas multimillonarias que han acabado por completo con los ahorros de toda su vida. La entidad operaba bajo un clásico esquema Ponzi, un modelo piramidal fraudulento en el que los rendimientos que cobraban los inversores antiguos no procedían de beneficios reales ni de proyectos productivos, sino directamente del capital aportado por los nuevos participantes.
Infravest de Contratas e Inversiones, especializada en el sector de las obras públicas, la construcción, las infraestructuras y el mantenimiento, contaba con una importante presencia tanto en la provincia de Tinduf como en su sucursal de la localidad de Rabuni. Aprovechando esta fachada de solvencia, la firma captaba capitales con la promesa de desarrollar lucrativos proyectos inmobiliarios y comerciales que han terminado dilapidando el dinero de decenas de perjudicados.
Instituciones oficiales y comerciantes entre los damnificados
El alcance del quebranto económico va mucho más allá de las economías domésticas individuales. Según diversas fuentes locales, entre las víctimas de la trama figurarían instituciones oficiales de la República Árabe Saharaui Democrática —entre las que cuenta el departamento de finanzas del Gobierno, el Ministerio de Defensa y efectivos de la 3ª y 4ª regiones del ejército saharaui—. Información aún no confirmada. Asimismo, un numeroso grupo de comerciantes de la zona de Tinduf (en su mayoría pertenecientes a la comunidad Estaifía) ha perdido sumas de gran consideración.
Infravest tilda la crisis de «inconveniente técnico» y pide calma
Ante las masivas protestas e incidentes frente a sus dependencias, la firma Infravest difundió ese mismo domingo 13 de septiembre un comunicado oficial intentando mitigar la enorme protesta.
En el texto, la dirección reduce el conflicto a «ciertos inconvenientes técnicos u organizativos» en la gestión que habrían causado un retraso puntual en la tramitación de los expedientes. La empresa confirmó de forma explícita que el director se encuentra «fuera del país por motivo de viaje y no dispone de comunicación en este momento», aunque aseguró que su estado de salud es bueno y pidió paciencia a los inversores hasta que el ejecutivo regrese para ofrecer «aclaraciones finales».
La controversia de la cláusula séptima
A la presunta fuga del directivo se suma la polémica por la letra pequeña de los contratos firmados. El documento contractual incluye una advertencia explícita y una controvertida cláusula (la Séptima) que estipula formalmente que la institución no garantiza al inversor la obtención de un beneficio determinado ni le protege en caso de pérdida.
En un aviso anexo, la dirección de Infravest apela a la responsabilidad de los firmantes, recordando que la entrega de dinero implica la aceptación expresa de los riesgos. Asimismo, la empresa insta a no utilizar las pérdidas como excusa para promover «el caos, las amenazas o las agresiones» contra sus sedes y empleados, recordando que cualquier disputa o litigio contractual debe encauzarse exclusivamente a través de los tribunales y las autoridades competentes.
Mientras la tensión sigue siendo palpable en Rabuni y las zonas aledañas, los afectados y la sociedad saharaui aguardan intervenciones decisivas por parte de la justicia para esclarecer el paradero de los fondos y delimitar responsabilidades.
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