La aprobación en el Congreso de una vía especial para que determinados saharauis puedan acceder a la nacionalidad española vuelve a colocar el pasado colonial de España en el centro del debate sobre el Sáhara Occidental. Aunque la iniciativa no modifica formalmente la posición española sobre el territorio, Marruecos observa con atención sus posibles consecuencias políticas y diplomáticas.
El Congreso de los Diputados ha dado un primer paso para establecer un procedimiento especial de acceso a la nacionalidad española para personas nacidas en el Sáhara Occidental durante el periodo de administración española. La propuesta salió adelante con 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones, aunque todavía deberá superar su tramitación en el Senado antes de convertirse en ley.
La iniciativa contempla que las personas nacidas en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 puedan solicitar la nacionalidad española mediante un procedimiento específico, sin tener que cumplir los requisitos ordinarios de residencia. El beneficio también alcanzaría a sus descendientes en primer grado. Para los saharauis que residan legalmente en España y cumplan las condiciones previstas, el periodo de residencia necesario para solicitar la nacionalidad se reduciría de diez a dos años.
Según explica Al Jazeera, la medida es presentada por sus defensores como una forma de afrontar una situación considerada consecuencia del pasado colonial español en el Sáhara Occidental. España puso fin a su administración del territorio en 1976, pero la cuestión de su soberanía permanece sin resolver.
Una cuestión de nacionalidad que trasciende el ámbito jurídico
La propuesta no implica, por sí misma, un reconocimiento de la independencia del Sáhara Occidental ni de la soberanía del Frente Polisario. Tampoco concede a quienes obtengan la nacionalidad española ningún derecho territorial sobre el territorio en disputa.
Su importancia reside en otro ámbito: podría crear un vínculo jurídico más amplio entre España y una comunidad de personas con vínculos familiares, históricos y personales con el Sáhara Occidental.
Las estimaciones citadas en el debate apuntan a que decenas de miles de personas podrían beneficiarse de la nueva vía. Entre ellas podrían encontrarse saharauis residentes en el propio territorio y personas pertenecientes a las comunidades refugiadas establecidas en torno a Tinduf, en Argelia.
Quienes obtuvieran la nacionalidad española adquirirían además la ciudadanía de la Unión Europea, con los derechos asociados a ella. De esta manera, una cuestión que inicialmente parece relacionada con la legislación española de nacionalidad podría acabar teniendo repercusiones políticas de mayor alcance.
¿Por qué preocupa a Marruecos?
La sensibilidad marroquí tiene que ver principalmente con el contexto diplomático en el que llega la iniciativa.
En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la posición española respecto al conflicto del Sáhara Occidental y pasó a respaldar la propuesta marroquí de autonomía para el territorio, calificándola como la base más seria, realista y creíble para alcanzar una solución.
Ese giro contribuyó a recomponer las relaciones entre Madrid y Rabat después de una grave crisis diplomática. Desde entonces, España y Marruecos han reforzado su cooperación en ámbitos como la migración, la seguridad y el comercio.
La nueva legislación sobre nacionalidad no modifica oficialmente ese respaldo a la propuesta marroquí de autonomía. Sin embargo, para Rabat puede resultar difícil separar completamente ambas cuestiones: mientras España mantiene una posición favorable a la autonomía bajo soberanía marroquí, simultáneamente adopta una medida que reconoce una relación histórica particular entre el Estado español y la población saharaui.
Ahí reside buena parte de la importancia política de la iniciativa.
El pasado colonial vuelve al debate español
La propuesta también introduce en la política española una cuestión histórica que durante décadas permaneció en segundo plano: las consecuencias de la retirada española del Sáhara Occidental.
Sus defensores sostienen que las personas nacidas durante la administración española quedaron en una situación jurídica singular después de la salida de España del territorio. La nueva vía de nacionalidad sería, desde esta perspectiva, una forma de reparar parcialmente esa herencia histórica.
No sería, además, la primera vez que España utiliza vínculos históricos para establecer mecanismos específicos de acceso a la nacionalidad. En 2015 se creó un procedimiento destinado a facilitar la adquisición de la nacionalidad española por parte de determinados descendientes de judíos sefardíes que pudieran acreditar su origen y una vinculación especial con España.
Este precedente adquiere relevancia en el debate actual porque plantea una cuestión más amplia: hasta qué punto los vínculos históricos pueden generar consecuencias jurídicas en el presente.
Ceuta y Melilla, otro elemento de la ecuación
Es precisamente en este punto donde la cuestión puede adquirir una dimensión especialmente delicada para las relaciones hispano-marroquíes.
Marruecos reclama la soberanía sobre Ceuta y Melilla, mientras que España sostiene que ambas ciudades forman parte de su territorio y que su soberanía sobre ellas no está en discusión.
La utilización por parte de España de argumentos históricos para justificar una vía especial de nacionalidad para los saharauis podría alimentar, desde la perspectiva marroquí, una discusión más amplia sobre el papel de la historia y de los vínculos territoriales en las reclamaciones de soberanía.
El razonamiento marroquí podría plantearse de la siguiente manera: si los vínculos históricos pueden justificar determinados derechos jurídicos en relación con el Sáhara Occidental, ¿por qué no deberían tenerse en cuenta también al analizar las reclamaciones marroquíes sobre las dos ciudades norteafricanas bajo administración española?
Esto no significa que la nueva legislación española modifique la posición oficial de Madrid sobre Ceuta y Melilla. Tampoco convierte automáticamente la cuestión de la nacionalidad saharaui en una disputa sobre ambas ciudades. Sin embargo, demuestra hasta qué punto diferentes episodios de la historia hispano-marroquí están interconectados políticamente.
Una cuestión que no altera el estatus del Sáhara Occidental
Conviene distinguir entre las consecuencias jurídicas directas de la iniciativa y sus posibles efectos políticos.
La eventual aprobación de la ley no cambiaría quién administra actualmente el Sáhara Occidental, no determinaría su estatus definitivo y tampoco modificaría por sí sola el proceso político auspiciado por Naciones Unidas.
Tampoco supondría un reconocimiento del Frente Polisario ni de un Estado saharaui independiente. La obtención de la nacionalidad española constituye un vínculo jurídico con España, pero no determina la posición política de cada ciudadano respecto al conflicto.
La cuestión adquiere relevancia, por tanto, en el terreno diplomático más que en el territorial.
Un nuevo desafío para la relación Madrid-Rabat
La aprobación de la iniciativa llega en un momento especialmente sensible. España necesita mantener su cooperación con Marruecos en cuestiones estratégicas como la inmigración, la seguridad y las relaciones económicas, al mismo tiempo que afronta dentro de sus propias instituciones un debate sobre cómo abordar su pasado colonial.
Para Marruecos, el riesgo no parece residir tanto en una modificación inmediata del mapa político del Sáhara Occidental como en la creación de una comunidad más numerosa de ciudadanos españoles y europeos con vínculos directos con la cuestión saharaui.
Para España, el desafío consiste en conciliar dos posiciones: su actual respaldo a la propuesta marroquí de autonomía y la voluntad de algunos sectores políticos de afrontar las consecuencias históricas de la antigua administración española del territorio.
La cuestión de fondo es, por tanto, más amplia que una reforma de la legislación sobre nacionalidad. Se trata de determinar cómo puede un antiguo vínculo colonial seguir influyendo en las relaciones internacionales décadas después del final de la administración española.
Como señala Al Jazeera, la medida no cambia en términos territoriales el conflicto del Sáhara Occidental, pero sí vuelve a colocar la historia colonial española en el centro de la relación entre Madrid y Rabat.
En última instancia, el recorrido de la iniciativa por el Senado y la reacción del Gobierno marroquí serán dos elementos clave para determinar si la cuestión queda circunscrita al ámbito de la política interna española o si termina convirtiéndose en un nuevo punto de fricción entre España y Marruecos.
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