Una investigación judicial destapa una red que desviaba fondos públicos de Marruecos destinados a la integración y la lucha antiterrorista, utilizando agencias de viajes y familiares de altos cargos de inteligencia como presuntas tapaderas.
Lo que comenzó como una auditoría interna para esclarecer la contabilidad de una asociación islámica en Cataluña ha terminado destapando una compleja operación de inteligencia extranjera, blanqueo de capitales y financiación de espías. La justicia española investiga cómo millonarias subvenciones enviadas por Marruecos para controlar el discurso religioso y prevenir el yihadismo en sus comunidades fueron presuntamente desviadas a los bolsillos de agentes de la DGED (el servicio exterior de inteligencia marroquí) y sus familiares directos.
El epicentro de la trama se sitúa en una modesta agencia de viajes, Aya Travel Tours, en la calle Victòria de Mataró. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso este diario, esta empresa era solo la punta del iceberg de un entramado de firmas fantasma utilizadas para blanquear dinero público que llegaba a Cataluña a través de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña (Uccic).
El « Honorable Corresponsal » y su red
La investigación, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Igualada, sitúa a Nourredine Ziani como el hombre clave en España. Señalado por el CNI como « un peligro para la seguridad nacional » y expulsado en 2013 por el Ministerio del Interior por sus presuntos vínculos con los servicios secretos marroquíes y el salafismo, Ziani creó la Uccic en 2010. Oficialmente, coordinaba 70 mezquitas y recibía más de dos millones de euros anuales del Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos.
Sin embargo, la investigación revela que ese dinero jamás llegó a las mezquitas. « Constituyeron la asociación para montar actividades, pero el dinero era para los propósitos personales de Ziani y de sus jefes de la Inteligencia marroquí », explica una fuente jurídica cercana al caso. Las transferencias bancarias muestran ingresos diarios a las cuentas personales de Ziani y de su esposa, Atiqa Bouhouria Meliani, que llegaron a superar los 240.000 euros cada dos semanas entre 2011 y 2013.
Mujeres al mando de las « compras »
La trama adquiere tintes de novela de John le Carré cuando se analiza la estructura de blanqueo. Al frente de la agencia Aya Travel Tours aparecen tres mujeres: Atiqa Bouhouria (esposa de Ziani), Naima Lamalmi y Naziha El Montaser. La investigación revela que Naima está casada con Mohamed Belahrech, jefe de la DGED en Rabat, el hombre encargado de controlar las mezquitas e imanes en el extranjero. Naziha, por su parte, es esposa de Abdellah Boussouf, secretario general del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME), un cargo de confianza directa de Mohamed VI que, paradójicamente, supervisa las subvenciones a las comunidades en Europa.
« Esto es como si en España el secretario de Estado enviara dinero a Sudamérica y las esposas de los directores generales lo sacaran en efectivo para devolvérselo a sus maridos », ironiza la fuente jurídica. El circuito era perfecto: El dinero salía de Rabat hacia la Uccic en Cataluña, se transfería a las cuentas de las esposas y a Aya Travel, y finalmente retornaba a Marruecos a través de otra agencia fantasma en Rabat, Elysee Travels, registrada a nombre de Ziani, Boussouf y Belahrech.
Facturas del 31 de febrero y cheques falsificados
La actual directiva de la Uccic, que tomó el relevo tras la expulsión de Ziani, encargó una auditoría forense al comprobar que las cuentas no cuadraban. Los hallazgos son demoledores: decenas de facturas falsas presentadas por Atiqa Bouhouria para justificar gastos, incluyendo clases de árabe fechadas a 31 de febrero (una fecha inexistente). También se descubrió un cheque de 49.000 euros supuestamente destinado a una mezquita de Sabadell que nunca llegó, con la firma del actual presidente de la Uccic falsificada.
En un intento por justificar un congreso de ulemas (estudiosos del Islam) financiado con una transferencia de 390.410 euros desde Marruecos, Atiqa presentó varias facturas de Aya Travel por valor de más de 50.000 euros… todas emitidas el mismo domingo. La jueza ya ha levantado acta por falsedad documental. Para extraer el dinero, la investigación señala que Atiqa se recorrió los cajeros automáticos de Barcelona retirando cantidades inferiores a 2.000 euros para no levantar sospechas, en una muestra de « torpeza » que, según fuentes, evidencia que « se creían impunes ».
Presiones desde Rabat y el ‘hombre de Puigdemont’
Cuando la denuncia llegó a los juzgados en 2016, las presiones no se hicieron esperar. Mimon Jalich, actual presidente de la Uccic, recibió una llamada de un intermediario que le dijo: « Los de abajo (Rabat) están muy preocupados ». Viajó a la capital marroquí para reunirse con Mohamed Belahrech, el jefe de la DGED. « Es una vergüenza que llevéis a una mujer a los juzgados. ¿Cuánto me costaría solucionar esto? », llegó a espetar el alto cargo de inteligencia, según la declaración de Jalich.
Pero la red no solo movía dinero. Servía para pagar a una extensa red de confidentes (taxistas, camareros, políticos) a cambio de información. La investigación apunta a la existencia de « espías dormidos » infiltrados en el entramado independentista catalán. Entre los nombres que aparecen en los documentos se encuentra el de Younes El Harrak, administrador único de Aya Travel e imán en Mataró, vinculado a la organización Nous Catalans, donde también participaba el espía Ziani. Otro señalado es Fouad El Jebli, candidato del PDeCAT en Canovellas que se reunió con Carles Puigdemont en Bélgica, definido por un ex agente marroquí como « un espía inactivo pero infiltrado ».
« Los que mandan en Marruecos son conscientes de todo. Cuando esto salga a la luz, señalarán a estos individuos como manzanas podridas que desviaron dinero para su uso personal y dirán que la DGED no tiene nada que ver. Pero es un juego de espías del que aún quedan muchas cosas por salir », concluye una fuente conocedora de la operativa.
La defensa de Atiqa Bouhouria se ha limitado a no hacer declaraciones al estar el caso bajo secreto sumarial parcial. El Ministerio Fiscal investiga los hechos como un presunto delito de fraude en subvenciones y blanqueo de capitales.
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