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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de octubre de 2024 asestó un golpe fatal a la colonización de los territorios del Sáhara Occidental y a las operaciones de saqueo y explotación ilegal de los recursos del pueblo saharaui por parte de los patrocinadores y apoyos del régimen del Majzén, en flagrante violación del derecho internacional.
Hoy, ante la realidad impuesta por la decisión judicial del TJUE, países como España y Francia, históricamente responsables de los sufrimientos del pueblo saharaui desde hace medio siglo, intentan como pueden sortear dicha sentencia, al no poder anularla.
Casi un año después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidara los acuerdos de pesca y comercio con Marruecos que incluían al Sáhara Occidental, la Comisión Europea se dispone a reabrir negociaciones con el ocupante marroquí, por iniciativa de los gobiernos francés y español dirigidos respectivamente por Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, autores del reconocimiento del “plan marroquí de colonización”, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, del cual Francia es miembro permanente, sabiendo que esta organización es la garante de la implementación del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
Según Western Sahara Resource Watch, París y Madrid intentan mantener el suministro de productos agrícolas y pesqueros de un territorio ocupado, beneficiándose de las mismas ventajas arancelarias que el ocupante marroquí.
El 22 de julio, la Comisión Europea presentó al Consejo Europeo una propuesta para abrir negociaciones con Rabat y adaptar el acuerdo de 2018 a la sentencia del TJUE. Según un documento fechado el 20 de agosto y transmitido por la presidencia danesa del Consejo, la idea es clara: preservar los intercambios comerciales con el Sáhara Occidental en el marco de un nuevo marco jurídico, en teoría conforme al derecho europeo e internacional. Para ello, la Comisión Europea solicitó al Consejo de la UE un mandato que le permita renegociar el pacto.
“La propuesta de la Comisión de abrir negociaciones con Marruecos tiene como objetivo poner el acuerdo en conformidad con la sentencia del TJUE, con el derecho de la UE y con el derecho internacional, preservando al mismo tiempo las relaciones comerciales existentes y permitiendo así que las importaciones de productos procedentes del Sáhara Occidental continúen con los mismos tipos arancelarios preferenciales que los aplicables a Marruecos”, indica el documento de la Comisión Europea.
Pero esta maniobra sigue siendo controvertida tras el proceso judicial que culminó con la victoria del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. Las sentencias del TJUE fueron contundentes: el Sáhara Occidental, antigua colonia española ilegalmente ocupada por Marruecos durante medio siglo, es un territorio separado y distinto de Marruecos.
Ningún acuerdo puede aplicarse allí sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui, no de la población residente —compuesta en su mayoría por colonos marroquíes—, sino del conjunto del pueblo, gran parte del cual vive en el exilio.
Según la doctrina del TJUE, ello solo sería posible si se cumplen dos condiciones estrictas: que el acuerdo no imponga obligaciones a los saharauis y que estos reciban beneficios concretos, sustanciales y verificables. Para demostrarlo, Bruselas quiere imponer un mecanismo de control que certifique que esos beneficios llegan tanto a los saharauis que permanecen en el territorio como a los que fueron expulsados. El Tribunal señaló que la mayoría de los saharauis viven en el exilio y que solo alrededor del 25 % de la población residente actualmente en el Sáhara Occidental es saharaui.
Fuentes del Polisario declararon al medio español El Independiente que se oponen a cualquier intento de reactivar el acuerdo. «Estamos preparados para afrontarlo con la ley en la mano, sobre la base de la sentencia del TJUE», subrayaron, tras reconocer que Bruselas «prepara nuevas maniobras para ver si logran alcanzar un nuevo acuerdo UE-Marruecos sobre los recursos saharauis antes de octubre, fecha límite del actual acuerdo agrícola».
Los veredictos de octubre de 2024 son los últimos de una serie de diez sentencias en las que el Tribunal ha dictaminado sistemáticamente que los acuerdos entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo de ese territorio.
El Polisario llama también a los agricultores europeos a participar en la lucha. «Los agricultores españoles, portugueses y del sur de Europa en general deben movilizarse para hacer frente a este dumping practicado en secreto por Marruecos y algunos países cómplices de la Unión Europea», respondió un dirigente del movimiento saharaui.
En julio pasado, dos organizaciones profesionales ibéricas —la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)— presentaron una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre el presunto incumplimiento de la normativa de etiquetado de los tomates cherry vendidos en establecimientos de una de las principales cadenas de distribución en España y comercializados por Azura, una empresa que cultiva tomates cherry en más de 400 hectáreas de invernaderos situados en el Sáhara Occidental.
Estos productos se venden en supermercados de toda la Unión Europea con etiquetas que indican “Marruecos” como país de origen, incluso en tiendas Carrefour en España.
En su denuncia, la CECU y la COAG pidieron una investigación sobre esta práctica y que, si se identifican y confirman irregularidades, las empresas responsables sean sancionadas por posible fraude al consumidor.
También llegan advertencias de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Western Sahara Resource Watch acusa a Bruselas de haber «torpedeado» la sentencia del TJUE.
«Cualquier negociación comercial o mecanismo de supervisión solo puede ser creíble si garantiza la plena participación del Frente Polisario, reconocido por el Tribunal de Justicia de la UE como representante del pueblo saharaui y legítimo ante el Tribunal para defender su derecho a la autodeterminación», insiste Sara Eyckmans de Western Sahara Resource Watch.
Y añade: «Sin la participación del Frente Polisario, estos mecanismos y negociaciones pasan por alto a las poblaciones cuyos derechos están en juego y no cumplirían con la obligación de la UE de respetar la autodeterminación. Instamos a los Estados miembros de la UE a rechazar cualquier propuesta de la Comisión que utilice el concepto de “consentimiento presunto” para eludir el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La UE debe respetar el derecho internacional y no recompensar las peores violaciones del orden jurídico internacional».
La WSRW ya había advertido que Bruselas y Rabat discutían sobre «formas de sortear las decisiones del Tribunal sobre el Sáhara Occidental». Entre las propuestas en discusión figuraban mecanismos que pretendían demostrar que el pueblo saharaui se beneficiaba de los intercambios comerciales entre la UE y Marruecos, evitando al mismo tiempo la obligación de obtener su consentimiento. «La nueva solicitud de mandato de la Comisión parece directamente inspirada en esas ideas», advirtieron.
El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) examinará la propuesta el 10 de septiembre. Una mayoría cualificada en el Consejo bastará para que avancen las negociaciones, aunque cualquier acuerdo final necesitará la aprobación del Parlamento Europeo. Bruselas trabaja contrarreloj. El protocolo actual expira el 4 de octubre de 2025. Sin un acuerdo antes de esa fecha, los productos agrícolas y pesqueros del Sáhara Occidental quedarían excluidos de las ventajas arancelarias. Rabat presiona para impedirlo.
