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Era evidente desde el principio que las grandes proclamas líricas de Pedro Sánchez sobre el derecho de los palestinos y las sanciones contra los neonazis israelíes no eran más que manipulación. Sin duda, una maniobra de distracción frente a los numerosos casos de corrupción que cercan por todos lados al presidente del Gobierno español, así como a buena parte de su entorno más cercano. La prueba de ello es que Pedro Sánchez aceptó fríamente apuñalar por la espalda a los saharauis, como lo hicieron muchos de sus predecesores.
El embargo español sobre los contratos de armamento con la entidad israelí solo resistió unas pocas semanas frente a la brutalidad de un chantaje bien engrasado. Bajo la amenaza explícita de Airbus de deslocalizar sus programas industriales y sacrificar miles de empleos, el gobierno de Pedro Sánchez reculó, concediendo una “autorización excepcional” para la importación de componentes militares israelíes. Una renuncia política maquillada como fatalidad económica.
Dos meses y medio después de la adopción del decreto-ley 10/2025, presentado como una respuesta a la guerra contra Gaza y como un acto de soberanía tecnológica, el Ejecutivo español vació su propia decisión de contenido. Los componentes suministrados por Elbit Systems y Elta Systems, dos pilares de la industria militar de la ocupación, seguirán alimentando las cadenas de producción de Airbus, en particular para el A400M, el A330 MRTT, el C295 y el dron SIRTAP, ensamblados en Andalucía y en la región madrileña.
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Sánchez manipuló a la opinión pública para desviar la atención de sus casos de corrupción
Oficialmente, Madrid invoca —sin convencer a nadie— la preservación del empleo, la viabilidad económica de las líneas de producción y la sacrosanta “autonomía estratégica”. En realidad, estos argumentos habían sido rechazados algunos meses antes por el Ministerio de Defensa, que defendía un plan claro de desvinculación tecnológica respecto de la industria militar israelí. Este giro brusco revela dónde se sitúa el verdadero centro de gravedad del poder: no en el Parlamento, ni siquiera en el ministerio competente, sino en los despachos de Airbus.
Según la prensa española, fue directamente la Presidencia del Gobierno la que habría trasladado las exigencias del gigante aeronáutico al Consejo de Ministros. El mensaje era claro: o Madrid cedía, o Airbus atacaba. Miles de millones de euros, miles de empleos y regiones enteras tomadas como rehenes. Un método clásico de la industria militar y de seguridad, acostumbrada a convertir el chantaje social en arma política.
Esta vergonzosa capitulación plantea una cuestión central: ¿para qué sirve un embargo si puede ser anulado ante la primera presión de un grupo industrial? Al aceptar la excepción, el gobierno de Sánchez reconoce implícitamente que sus principios se detienen allí donde comienzan los intereses de las multinacionales. La soberanía proclamada no era más que un eslogan, incapaz de resistir la lógica del beneficio.
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Complicidad estructural de la industria europea con Israel
Más allá del caso español, este asunto deja al descubierto la complicidad estructural de la industria europea con la entidad israelí. Como señala el investigador Mathieu Rigouste, el chantaje al empleo es un mecanismo sistemático utilizado para captar dinero público y justificar la continuidad de cooperaciones militares tóxicas. En este caso concreto, no se trata de una abstracción geopolítica: estas importaciones contribuyen directamente a la financiación de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.
La cooperación industrial se convierte así en cooperación política. Al seguir importando tecnologías militares israelíes, España contribuye, aunque sea indirectamente, a la perpetuación de un complejo militar-industrial implicado en la destrucción de Gaza. El discurso humanista se derrumba frente a los hechos. La indignación oficial se disuelve en los contratos.
Queda ahora la prueba de la opinión pública. En España, el apoyo al pueblo palestino es masivo y profundamente arraigado. La movilización contra la guerra llevada a cabo por el gobierno de Netanyahu es una de las más fuertes de Europa. El Gobierno deberá explicarse ante el Congreso y asumir políticamente esta elección: haber privilegiado los intereses de Airbus por encima del respeto a un embargo aprobado, al derecho internacional y a los principios que dice defender.
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Este asunto recuerda una verdad incómoda: en Europa, no son los parlamentos quienes deciden sobre la paz o la guerra, sino las industrias armamentísticas. Y cuando estas hablan, incluso los gobiernos llamados “progresistas” callan… u obedecen.
El Ghayeb Lamine
Fuente : La patrie news
