El reino y la UE se han concedido un plazo de dos meses a partir del 4 de octubre para precisar todas las modalidades vinculadas a este dispositivo. De aquí a entonces, el 30 de octubre, la cuestión del Sáhara Occidental habrá sido objeto de una votación muy esperada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Para integrar la región del Sáhara Occidental en el acuerdo de libre comercio con Marruecos, la UE se ha comprometido a transferir ventajas a las poblaciones saharauis. Los contornos del dispositivo, ambiguo en muchos aspectos, aún deben afinarse.
En materia de acuerdos agrícolas, Rabat y Bruselas todavía no han salido de apuros. Tras la adopción de un nuevo acuerdo de asociación que garantiza entre ellos el “business as usual” (AI del 24/09/25) sobre los productos agrícolas y pesqueros, Marruecos y la Unión Europea (UE) deben ahora abordar la compleja cuestión de los beneficios para las poblaciones saharauis. Proporcionar “una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable” a estas poblaciones —incluidos los refugiados de Tinduf, en el oeste argelino— constituye una de las condiciones establecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para integrar el Sáhara Occidental en el acuerdo de libre comercio (AI del 23/07/25).
Si este mecanismo de compensación aún se encuentra en fase de elaboración, Rabat y Bruselas ya han acordado que la totalidad de la financiación recaiga en la Comisión Europea. Una decisión que no contribuirá a calmar la ira de los sectores agrícolas francés y español, que se oponen con firmeza a la competencia que consideran desleal de las frutas y verduras marroquíes, en particular de los tomates cherry cultivados en el Sáhara Occidental (AI del 02/09/25).
Aceptabilidad incierta
No solo no han prosperado las reivindicaciones de los sindicatos agrícolas europeos respecto a los tomates marroquíes, sino que, además, Bruselas tendrá que abrir la cartera para preservar el ritmo de los intercambios agrícolas entre Marruecos y la UE. La aceptabilidad del dispositivo por parte del movimiento independentista saharaui, el Frente Polisario, también es incierta.
Uno de los componentes del mecanismo incluye la financiación de proyectos de irrigación, energías renovables y desalinización de agua de mar en el territorio disputado, bajo la supervisión del director general para Oriente Medio, el Norte de África y el Golfo en la Comisión Europea (DG MENA), Stefano Sannino. Pero las empresas activas en estos sectores en el Sáhara Occidental son fundamentalmente marroquíes, como Nareva, filial del holding real Al Mada, adjudicataria de la planta desaladora de Dajla, o extranjeras. Si estas financiaciones deberían contribuir al desarrollo de infraestructuras en la región, sus beneficiarios directos no serían necesariamente el “pueblo saharaui”, tal como lo entiende la sentencia del TJUE.
Estas ambigüedades podrían llevar a un nuevo recurso por parte del Frente Polisario y de los círculos agrícolas europeos, como ya ocurrió en la última década.
Ventaja proporcional a la explotación
También en el marco de esta redistribución, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión (DG ECHO), dirigida por Maciej Popowski, intensificará la ayuda humanitaria en los campamentos de Tinduf. Casi 300 millones de euros ya han sido desembolsados allí por la UE desde 1993, incluidos 9 millones en 2023. El dispositivo de Bruselas prevé además un mayor apoyo a la educación, la cultura y la formación en beneficio de las poblaciones saharauis, impulsado por la directora general de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión (DG EAC), Pia Ahrenkilde Hansen.
Persiste una incógnita de peso: el monto de estas ventajas aún no ha sido definido por Marruecos y la UE, que prevén reunirse al menos una vez al año para reevaluar la suma a la luz del impacto de los intercambios bilaterales en el territorio disputado. El TJUE especifica que “la ventaja [debe] ser proporcional a la importancia” de la explotación de los recursos naturales realizada en el Sáhara Occidental.
Plazo de dos meses
Un escenario está actualmente en estudio entre Rabat y Bruselas para cuantificar estas ventajas. Consistiría en calcular los derechos de aduana que los importadores europeos habrían tenido que pagar si los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental no hubieran podido integrarse en el acuerdo de asociación entre Marruecos y la UE. La diferencia entre esos derechos aduaneros y los realmente aplicables, mucho más bajos, constituiría entonces la base de los fondos que Bruselas debería reasignar a las poblaciones saharauis.
El reino y la UE se han concedido un plazo de dos meses a partir del 4 de octubre para precisar todas las modalidades vinculadas a este dispositivo. De aquí a entonces, el 30 de octubre, la cuestión del Sáhara Occidental habrá sido objeto de una votación muy esperada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU, AI del 08/10/25).
Fuente : Africa Intelligence, 24/10/2025
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