La tramitación de la ley para la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración colonial de España ha puesto de relieve una problemática profunda: la desaparición de los archivos del Registro Civil que acreditan la identidad de miles de personas. Como señala el medio digital en El Independiente, miles de saharauis afrontan enormes dificultades burocráticas para probar su lugar y fecha de nacimiento ante la pérdida masiva de certificaciones administrativas y libros de registro.
La evacuación de los registros y el misterio del archivo extraviado
En diciembre de 1975, durante el proceso de retirada de España del territorio saharaui, el juez Fernando Bermúdez de la Fuente ordenó la evacuación ordenada de los juzgados de El Aaiún y Villa Cisneros (actual Dajla). Toda la documentación del Registro Civil fue enviada a Madrid para ser depositada en la Dirección General de Promoción del Sáhara.
Según investigaciones académicas recientes, se mantiene la evidencia de que estos libros y sus correspondientes copias microfilmadas llegaron a territorio peninsular. No obstante, al intentar consultar la documentación en los repositorios estatales como el Archivo General de la Administración (AGA) en Alcalá de Henares, gran parte de los volúmenes no aparecen disponibles. Múltiples analistas y expertos citados por El Independiente cuestionan si estos registros históricos se han perdido accidentalmente por falta de custodia o si fueron objeto de una desaparición deliberada.
Los efectos del éxodo, la ocupación y el limbo legal
La falta de documentación guardada en archivos peninsulares se suma al impacto que tuvo el éxodo saharaui tras la retirada española en febrero de 1976. Durante el posterior despliegue del Ejército marroquí y la huida de la población civil hacia los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia), las familias priorizaron su supervivencia sobre la conservación de títulos personales. Por otro lado, quienes permanecieron en los territorios ocupados sufrieron en muchos casos la destrucción sistemática o alteración de sus identificaciones por parte de las nuevas autoridades.
A pesar de que las inscripciones realizadas durante el periodo de provincialización española cumplían con los mismos requerimientos legales que los registros de cualquier provincia peninsular, la falta físico-material de los tomos impide tramitar con agilidad las solicitudes actuales. Reportajes publicados en El Independiente recogen que instituciones como el Defensor del Pueblo han tenido que intervenir en reiteradas ocasiones exigiendo explicaciones a los ministerios correspondientes ante el desamparo burocrático que viven los solicitantes.
El reto del reconocimiento histórico
La tramitación normativa vigente busca reparar una deuda histórica con la población nacida antes del repliegue administrativo de 1976. Sin embargo, la prueba documental continúa siendo el cuello de botella central del proceso legal.
El debate no solo aborda el acceso formal a un pasaporte o estatus jurídico, sino el derecho a la memoria y a la identidad de un pueblo cuya historia administrativa quedó entrelazada con el Estado español. La localización de los fondos documentales o la articulación de mecanismos probatorios alternativos serán determinantes para definir el alcance real de las iniciativas legislativas en marcha, tal como concluye el análisis publicado en El Independiente.
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