José María Gil Garre (Chema Gil), analista de seguridad español considerado durante años como un apoyo histórico de Marruecos en el expediente del Sáhara Occidental, publicó tres artículos en el diario La Razón sobre los trágicos sucesos del 30 de julio en Ceuta. En el primero, apenas dos días después de los hechos, acusó a Argelia de estar detrás de la avalancha migratoria. Sin embargo, el 19 de septiembre se giró contra Marruecos, acusando a « círculos próximos al Palacio » de haber instigado esa avalancha. Para los observadores marroquíes, se trata de un giro de gran importancia para Rabat.
Perfil y trayectoria
José María Gil Garre (Cartagena, 1966), conocido como Chema Gil, es un analista de seguridad internacional y antiterrorismo con presencia habitual en medios españoles. Codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, ha participado en marcos vinculados a Naciones Unidas en materia antiterrorista. Es autor de obras como Lo que esconde el Frente Polisario y Polisario, un frente contra los derechos humanos, y en 2014 intervino ante la Comisión de Descolonización de la ONU en defensa de la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental, lo que le valió ser presentado por medios marroquíes como un « apoyo histórico » de Marruecos en este expediente.
Los hechos del 30 de julio en Ceuta
Según datos del Gobierno español, en la mañana del 30 de julio de 2026 unas 72.000 personas entraron en Ceuta por vía terrestre y marítima en apenas unas horas, en una ciudad de solo 83.000 habitantes. Al menos 82 personas fallecieron ahogadas en las costas ceutíes. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió una investigación y el informe policial calificó los hechos como « planificados » y no « espontáneos », señalando una actuación de « acompañamiento activo » por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Dos fases narrativas
Primera fase (principios de agosto): señalar a Argelia. Apenas dos días después de los sucesos, Chema Gil difundió un informe de 70 páginas en el que acusaba a cuentas de redes sociales vinculadas a Argelia de haber orquestado una campaña de manipulación dirigida a jóvenes marroquíes. El informe fue ampliamente reproducido a principios de agosto por medios próximos al Gobierno marroquí, como Le360 y Al Ahdath Al Maghrebieh, cuando la investigación oficial aún no había concluido.
Segunda fase (19 de septiembre): girar hacia Marruecos. El 19 de septiembre, Chema Gil publicó en La Razón un artículo con un titular explosivo: « Una facción del Majzén —el círculo de poder en torno a Mohamed VI— dirigió la invasión de Ceuta. » Abandonaba por completo la pista argelina y acusaba directamente a la Gendarmería Real y a las fuerzas auxiliares marroquíes no solo de « dejar hacer », sino de haber « supervisado y dirigido directamente » la operación. Según él, la base serían fuentes de inteligencia marroquíes y españolas.
El análisis de los observadores marroquíes
Los observadores marroquíes plantean varias objeciones a este giro. En primer lugar, resulta sospechosa la rapidez con que Chema Gil elaboró un informe detallado en 48 horas, cuando la investigación oficial aún no había comenzado. En segundo lugar, limita la acusación a la Gendarmería Real y las fuerzas auxiliares y excluye deliberadamente a la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), lo que contradice directamente la conclusión del informe policial español, que implica a « todas las fuerzas de seguridad fronteriza ».
Algunos análisis señalan que esta narrativa que « deja fuera a la DGSN » coincide plenamente con lo que afirmaban días antes ciertos sitios marroquíes: que « los pasos fronterizos terrestres gestionados por la policía no registraron ninguna invasión », mientras que « el resto de la frontera terrestre y marítima corresponde a otras fuerzas armadas dotadas de equipos pesados y patrulleras ». Los observadores se preguntan si Chema Gil se inspira en esa retórica para construir su nuevo argumento, o si este informe prepara el terreno para una decisión política o diplomática más amplia.
Estado de la investigación
La investigación de la jueza Tardón continúa. Ha solicitado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la policía que identifiquen a través de bases de datos internacionales a los supuestos « agentes dinamizadores », es decir, personas sin uniforme que se mezclaron entre los migrantes para guiar la ruta. Asimismo, ha pedido a la UDEF y a la UCO informes financieros sobre el respaldo económico de la movilización, para determinar si existió un sistema de transferencias informales tipo hawala y alquiler de medios de transporte colectivo. La jueza subraya que movilizar entre 75.000 y 85.000 personas « difícilmente puede lograrse sin recursos materiales y financieros ».
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