El 19 de mayo de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó un fallo histórico en la disputa entre Gabón y Guinea Ecuatorial sobre la soberanía de las islas de Mbanié, Cocotero y Conga. Al fallar a favor de Malabo, la Corte no solo zanjó un conflicto de décadas, sino que reafirmó con fuerza un principio fundamental del derecho internacional en África: el respeto de las fronteras y los títulos heredados del período colonial.
Esta decisión, que ahora tiene carácter vinculante, se inscribe en la jurisprudencia constante de la CIJ que favorece el principio del uti possidetis juris. Según este principio, las nuevas naciones independientes heredan las fronteras trazadas por las potencias coloniales, garantizando así la estabilidad jurídica en todo el continente.
El fallo Gabón/Guinea Ecuatorial: una victoria para el derecho colonial
En su sentencia, la Corte rechazó el argumento central de Gabón, que se basaba en el Convenio de Bata de 1974 para reclamar la soberanía sobre los islotes. Los jueces consideraron que este acuerdo no constituía un título jurídico vinculante entre las partes.
En su lugar, la CIJ fundamentó su decisión en el Convenio franco-español de 1900, un tratado colonial que delimitaba las posesiones de las dos potencias europeas en África Occidental. La Corte confirmó así que el título que ostentaba España en 1968, fecha de la independencia de Guinea Ecuatorial, es el único jurídicamente válido, y que este Estado le sucedió en derecho. Este fallo subraya que, incluso décadas después del fin del colonialismo, los acuerdos firmados entre las antiguas metrópolis siguen sellando el destino de las fronteras africanas.
El precedente del Sáhara Occidental: la misma lógica, un conflicto persistente
El fallo sobre Gabón y Guinea Ecuatorial se hace eco de otra disputa fronteriza emblemática heredada del colonialismo: la del Sáhara Occidental. En 1975, la CIJ emitió una opinión consultiva sobre el territorio, entonces colonia española. En aquel momento, la Corte consideró que el Sáhara Occidental no era terra nullius en el momento de la colonización y reconoció la existencia de vínculos de lealtad entre el Sultán de Marruecos y ciertas tribus del territorio.
Sin embargo, y aquí radica el paralelismo crucial con el caso gabonés, la Corte concluyó en 1975 que estos vínculos no constituían « un título de soberanía territorial ». En otras palabras, los lazos históricos y religiosos no eran suficientes para establecer un título de soberanía sobre el territorio en detrimento del principio de autodeterminación. Esta opinión, aunque consultiva, sentó un hito al confirmar que solo los títulos jurídicos formales del período colonial, y no las reivindicaciones históricas, pueden fundamentar una reclamación de soberanía.
África frente a su legado colonial: ¿respeto al derecho o realismo político?
La resolución del conflicto entre Libreville y Malabo, sellada mediante un acuerdo en la Unión Africana el 28 de julio de 2026, demuestra que es posible pasar página respetando la decisión de la CIJ. Ambos países han optado por el diálogo para implementar un fallo que reconoce la validez de las fronteras heredadas del pasado.
Este enfoque contrasta con la situación del Sáhara Occidental, donde el conflicto persiste. La resolución del caso gabonés ofrece un precedente: muestra que el reconocimiento de las fronteras coloniales, por imperfectas que sean, puede ser la clave para una paz regional duradera. Para los Estados africanos, estos fallos son un recordatorio de que el derecho internacional, al basarse en el marco colonial, sigue siendo el árbitro último en la delimitación de soberanías, y que la estabilidad del continente descansa en el reconocimiento de este complejo patrimonio jurídico.
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