En 2012, mucho antes de que el escándalo de Pegasus diera la vuelta al mundo, Panamá fue uno de los primeros países en adquirir este software espía israelí, desarrollado por la empresa NSO Group. Una revelación del diario israelí Haaretz, retomada por un consorcio de periodistas, ha puesto recientemente en evidencia los entresijos de esta transacción y su vínculo con dos decisiones diplomáticas mayores que marcaron profundamente la política exterior panameña: su voto en contra del reconocimiento de un Estado palestino y la suspensión del reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La investigación sugiere un intercambio de favores, donde el acceso a la tecnología de punta israelí habría sido negociado a cambio de un apoyo diplomático a los intereses de Israel y su aliado regional, Marruecos.
La adquisición de Pegasus: un contrato bajo influencia
Todo comienza en 2012, bajo la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014). Panamá pagó 8 millones de dólares por una licencia del software Pegasus, capaz de infectar dispositivos Android y BlackBerry. El contrato, firmado por el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez, constituye un ejemplo temprano de la comercialización de esta arma digital.
Sin embargo, la investigación revela rápidamente que esta herramienta, destinada a la seguridad nacional, fue desviada con fines políticos. Existen pruebas de que se utilizó para espiar a las campañas rivales durante las elecciones presidenciales de 2014, atacando específicamente los correos electrónicos de los responsables electorales e incluso el BlackBerry del vicepresidente de entonces, Juan Carlos Varela. El dispositivo era operado desde una empresa privada, en el mismo edificio que las oficinas personales de Martinelli. Este escándalo de espionaje le valió a Martinelli una imputación en 2015 y un procedimiento de extradición desde Estados Unidos, aunque finalmente fue absuelto en su juicio.
El « quid pro quo » diplomático: el precio del apoyo a Israel
Según la investigación de Haaretz, la compra de Pegasus no habría sido una simple transacción comercial. Panamá fue uno de los nueve países que votaron en 2012 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra del reconocimiento de un Estado palestino. Este voto, que convirtió a Panamá en el único país de América Latina en adoptar esta posición, fue considerado como un gesto de apoyo inequívoco a Israel.
El artículo de Haaretz establece un vínculo directo, mencionando un « quid pro quo »: a cambio de la posibilidad de adquirir lo mejor del armamento digital israelí, Panamá otorgó su apoyo diplomático a Israel. Esta lógica de « toma y daca » se ve reforzada por la visita de Ricardo Martinelli a Israel, donde se reunió con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu para discutir sobre equipos militares y de inteligencia, poco después del voto favorable de Panamá a Israel sobre otro informe controvertido.
La ruptura con la RASD: una solidaridad con Marruecos
El segundo acto de esta realpolitik se desarrolla el 20 de noviembre de 2013. Panamá anuncia la suspensión de sus relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que había sido uno de los primeros países de América Latina en reconocer en 1976.
El gobierno de Ricardo Martinelli justifica esta decisión argumentando que la RASD « no reúne los elementos fundamentales constitutivos de un Estado soberano ». Las autoridades panameñas justifican la decisión como una reparación de un « error » de la época de la dictadura militar, adoptada tras una reflexión profunda para alinearse con la « legalidad internacional ». Sin embargo, esta ruptura se produce en un momento en que Marruecos, que reclama el Sáhara Occidental, es un aliado de peso de Israel en la región, como lo confirman los estrechos vínculos entre ambos países, incluso en el ámbito de la inteligencia. La decisión panameña fue percibida inmediatamente como una victoria diplomática para Marruecos.
Conclusión: el precio de una alianza digital
El entrelazamiento de la adquisición de Pegasus con los virajes diplomáticos de Panamá durante el mandato de Ricardo Martinelli ilustra de manera impactante los abusos del comercio de tecnologías de vigilancia. La investigación de Haaretz sugiere que Panamá intercambió su apoyo político a Israel, y luego a Marruecos sobre la cuestión del Sáhara Occidental, a cambio de una herramienta de vigilancia estatal. Lejos de servir a los intereses de la seguridad nacional, Pegasus fue utilizado para silenciar a la oposición y controlar el proceso electoral. Este caso, llevado al conocimiento público por las revelaciones de la prensa, sigue siendo un ejemplo paradigmático de los peligros de un mercado no regulado de la cibervigilancia, donde los principios del derecho internacional y los derechos humanos pueden ser sacrificados en el altar de intereses políticos y comerciales a corto plazo.
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