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El caso que afecta a Begoña Gómez entra en una fase decisiva. El juez Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la investigación y ha solicitado a las partes que presenten sus escritos de acusación de cara a la apertura de juicio. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está acusada de cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
Según el magistrado, Gómez habría aprovechado su cercanía al poder para impulsar la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, atraer financiación de grandes empresas y respaldar un proyecto tecnológico que posteriormente habría intentado apropiarse. En la causa también figuran su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, sospechoso de haberse beneficiado de esa influencia en contratos públicos.
El juez considera que determinadas decisiones favorables al proyecto podrían haberse obtenido gracias a la relación directa de Gómez con el jefe del Ejecutivo, en lo que califica como una situación excepcional en la jurisprudencia española.
En paralelo, Pedro Sánchez se negó a declarar en el marco de esta investigación. El juez Carlos Peinado se desplazó de forma inédita al Palacio de la Moncloa para interrogarle, en un hecho sin precedentes para un presidente en ejercicio. La comparecencia duró apenas unos minutos, ya que el mandatario hizo uso de su derecho legal a no declarar contra su esposa.
El futuro del caso queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si el proceso sigue adelante total o parcialmente, o si se archiva. La resolución marcará el rumbo de un caso de gran impacto político en España.
Los delitos imputados a Begoña Gómez
El caso que afecta a Begoña Gómez avanza tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de cerrar una investigación iniciada en 2024. Se le imputan cuatro presuntos delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
La instrucción, que se ha prolongado durante casi dos años y se originó a partir de una denuncia del colectivo Manos Limpias, ha ido incorporando acusaciones de forma progresiva, pese a que algunas informaciones iniciales resultaron ser falsas.
El juez propone que el caso sea juzgado por un jurado popular, una opción que ya fue rechazada previamente por la Audiencia Provincial. Mientras tanto, diversas voces políticas, como la del ministro de Justicia Félix Bolaños, han defendido a Gómez y han criticado una investigación considerada controvertida y perjudicial para la imagen de la justicia.