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Por Ali Attar
Quince días después de una primera ronda discreta organizada en Madrid, las negociaciones sobre el Sáhara Occidental entran esta semana en una fase decisiva en Washington. Entre el Frente Polisario, defensor del derecho a la autodeterminación, y un Marruecos bajo presión jurídica, Estados Unidos intenta imponer un calendario acelerado. El objetivo: transformar un conflicto de descolonización en una ecuación geopolítica y energética antes de mayo. Pero en este pulso de fuerzas, Argelia emerge como el pivote indispensable de cualquier solución duradera.
Washington impone su método: ¿la cultura del «deal» antes que el derecho?
La elección de Washington para esta segunda ronda refleja la voluntad estadounidense de retomar el control del expediente. En el entorno de Donald Trump, el Sáhara Occidental se percibe desde un prisma estrictamente transaccional. Se trata de asegurar un acuerdo «vendible» que traiga la paz, estabilizar el Atlántico africano y, sobre todo, garantizar el acceso a recursos estratégicos: fosfatos, minerales críticos y un importante potencial offshore de petróleo y gas.
En esta lógica, la cuestión saharaui ya no se aborda como un legado colonial por saldar, sino como un activo que integrar en una arquitectura global que combine seguridad e influencia frente a China. Sin embargo, este enfoque choca con una realidad fundamental: el Frente Polisario, interlocutor principal en la mesa de negociaciones, que recuerda que nada se hará sin el consentimiento del pueblo saharaui.
El muro del derecho internacional: diez sentencias del TJUE y la ONU
Si Washington quiere avanzar rápido, el marco jurídico es inmutable. Para la ONU, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización. No es solo una posición diplomática, sino una realidad jurídica reforzada por diez sentencias sucesivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Estas decisiones son claras: el Sáhara Occidental posee un estatus separado y distinto de Marruecos, y cualquier acuerdo comercial que incluya sus recursos sin el consentimiento del pueblo saharaui es ilegal.
Así, el conflicto político se sitúa en oposición directa a la legalidad internacional. El Frente Polisario se apoya en esta base para denunciar el saqueo de los recursos naturales, con el respaldo, en particular, de agricultores franceses y españoles que se consideran víctimas de una competencia desleal. Esta presión jurídica coloca a los inversores estadounidenses y europeos en una situación de total incertidumbre, volviendo inviable cualquier «deal» económico que no cuente con la aprobación de las partes.
El plan de autonomía marroquí: el callejón constitucional
En Washington, Rabat intenta presentar su plan de autonomía como la única solución «realista». Sin embargo, el proyecto marroquí adolece de una falla mayor: su incompatibilidad con el derecho interno del Reino. En su forma actual, la Constitución marroquí no permite la creación de una entidad política saharaui distinta dotada de poderes legislativos y judiciales propios, condición previa para cualquier discusión desde la perspectiva del Polisario.
Sin una profunda reforma constitucional, que el Palacio no parece dispuesto a emprender debido a tensiones internas en varias regiones, la autonomía permanece como una promesa política sin sustancia jurídica. Para los negociadores estadounidenses, esta fragilidad representa un problema, pues buscan un acuerdo sólido. El Frente Polisario, por su parte, rechaza una opción que no garantice el recurso a las urnas mediante un referéndum de plena soberanía.
Argelia y el gas: el pivote energético
El expediente es inseparable de la urgencia energética mundial. En el contexto de la guerra en Ucrania y la reconfiguración de los mercados gasíferos, Argelia se ha convertido en un socio imprescindible para Occidente, reforzando especialmente sus vínculos con Italia y Alemania. Washington no puede permitirse una ruptura con Argel, proveedor clave de Europa.
Esta realidad sitúa a Argelia en una posición de fuerza. Al apoyar el derecho del Frente Polisario a la autodeterminación, Argel recuerda que la estabilidad energética regional depende de una solución conforme al derecho internacional. Ningún acuerdo podrá ser sostenible sin la aprobación política de Argelia, so pena de fragilizar los equilibrios gasíferos que Washington pretende garantizar.
¿Hacia una solución dictada por los intereses estadounidenses?
El calendario es ajustado: Washington quiere concluir antes de mayo. Pero ante la incapacidad de Marruecos para proponer un plan jurídicamente viable y la firmeza del Frente Polisario en la defensa del derecho internacional, Estados Unidos cambia de ritmo.
El desenlace de estas conversaciones podría ser una solución híbrida que Washington intentaría imponer: una forma de autodeterminación «a medida», guiada por intereses económicos y de seguridad estadounidenses. Sobre esta base, y apoyándose en su poder comercial, Trump buscaría empujar a las partes hacia un compromiso que levante el obstáculo jurídico señalado por el TJUE.
Así, el resultado de estas discusiones podría consagrar una victoria diplomática para Argelia, el único actor capaz de despejar el bloqueo jurídico y estabilizar de forma duradera los mercados.
En este delicado ejercicio de equilibrio, la prueba final será sencilla: ¿puede la Casa Blanca transformar una lógica de fuerza en un acuerdo que resista al derecho internacional?
Para el Frente Polisario, la respuesta sigue siendo la misma: el derecho no se negocia, se ejerce. En este gran juego diplomático, Argelia se afirma no solo como un gigante energético indispensable, sino como la brújula ética y legal sin la cual ningún «deal» podrá prosperar jamás en el Sáhara Occidental.
Fuente : Afrik.com