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Hackeo del teléfono de Sanchez : Francia sospecha de Marruecos

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Ambas líneas de investigación, la internacional y la nacional, continúan abiertas mientras los tribunales analizan la dimensión técnica, jurídica y política de uno de los mayores escándalos de ciberespionaje conocidos en Europa.

La investigación internacional sobre el uso del software Pegasus ha sumado nuevos elementos que conectan el caso español con diligencias abiertas en Francia. Según documentación remitida por las autoridades judiciales galas a la Audiencia Nacional, los análisis técnicos han permitido detectar “dos marcadores idénticos” en dispositivos afectados en ambos países. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que detrás de las intrusiones podrían encontrarse los mismos actores.

El juez José Luis Calama, que instruye la causa sobre el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios ministros, solicitó información a Francia en el marco de una comisión rogatoria. La respuesta, conocida recientemente, apunta a una procedencia común en términos generales y sitúa el foco en Marruecos, aunque admite que no es posible atribuir los hechos a personas concretas.

Las intrusiones en España se detectaron en 2022, si bien los informes técnicos sitúan los accesos no autorizados en mayo de 2021, coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta. En Francia, las investigaciones previas ya habían documentado el espionaje a políticos, periodistas y otras figuras públicas mediante Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group.

En paralelo, la vertiente judicial en España ha registrado avances relevantes. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por presunto espionaje relacionado con Pegasus y Candiru.

La magistrada también ha citado como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, así como a directivos de NSO Group y de Saito Tech Ltd, empresa vinculada al software Candiru. La causa parte de una querella presentada por varios afectados que denunciaron posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

Ambas líneas de investigación, la internacional y la nacional, continúan abiertas mientras los tribunales analizan la dimensión técnica, jurídica y política de uno de los mayores escándalos de ciberespionaje conocidos en Europa.

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