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Su designación como embajador viene como respuesta a la decisión del presidente saharaui de nombrar a Brahim Biadillah, alias Gregao, como embajador en Cuba
Un media español informa que Marruecos ha solicitado al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que intervenga para levantar el embargo de la cuenta bancaria de su consulado en Murcia. Esta cuenta fue embargada por los tribunales españoles para garantizar el pago de una indemnización a una antigua empleada que fue víctima de acoso sexual y laboral.
La víctima, secretaria del consulado, había sido despedida tras sufrir repetidos actos de acoso por parte del cónsul. Los tribunales españoles anularon su despido y ordenaron al consulado pagar salarios atrasados e indemnizaciones por un total superior a 100.000 euros. Ante la negativa persistente de Marruecos a pagar, el tribunal ordenó el embargo de la cuenta bancaria del consulado.
La embajada de Marruecos en Madrid invocó la inmunidad diplomática y consular, apoyándose en convenios internacionales, para impugnar el embargo. Argumentó que los bienes del consulado están protegidos y son esenciales para su funcionamiento.
Sin embargo, los tribunales españoles rechazaron este argumento, al considerar que se trata de un conflicto estrictamente laboral regido por la legislación laboral española, sin relación con las funciones soberanas de Marruecos.
El abogado de la víctima denunció una estrategia de obstrucción destinada a retrasar la ejecución de la sentencia y advirtió que cualquier intervención del Gobierno español sería muy grave. Considera que impedir el cumplimiento de la resolución judicial iría en contra de la protección de los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de acoso.
En el momento de la publicación, el Ministerio español de Asuntos Exteriores aún no había respondido oficialmente a la solicitud de Marruecos.
Sidi Mohammed Biedallah, ex cónsul marroquí en Murcia, declarado culpable por los tribunales españoles de acoso moral y sexual, ejerce ahora como embajador en Mozambique. Su nombramiento, anunciado en mayo de 2025, se produjo después de que un tribunal español ya hubiera establecido los hechos y anulado el despido de su secretaria, conocida como “Maryam”.
A pesar de esta sentencia, no se tomó ninguna medida disciplinaria. Por el contrario, el diplomático fue discretamente apartado de España mediante una serie de traslados antes de obtener su primer cargo como embajador.
Actualmente con 55 años, Biadillah ha ocupado varios puestos en España e Italia. De origen saharaui, pertenece a una familia dividida por el conflicto del Sáhara Occidental: uno de sus hermanos es un alto cargo del Frente Polisario, mientras que otro es una figura influyente dentro del estamento marroquí.
Según diversas fuentes, su trayectoria se inscribe en una estrategia más amplia destinada a promover a diplomáticos saharauis leales al régimen para defender la postura oficial de Rabat sobre el Sáhara Occidental. En redes sociales, él promueve regularmente estas posiciones.
El caso también implica a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, a quien se acusa de haber ignorado las primeras advertencias sobre el acoso y de haber protegido al cónsul. Según se informa, no se llevó a cabo ninguna investigación interna y nunca se contactó con la víctima.
Tras la sentencia judicial, presuntamente la embajada intentó bloquear su ejecución, incluso interviniendo para levantar el embargo de una cuenta bancaria destinada a indemnizar a la víctima.
Mientras Mohammed Biadillah continúa su carrera diplomática en África, “Maryam” sigue luchando por obtener una reparación completa. Para los defensores de los derechos humanos, este caso pone de relieve las deficiencias de un sistema que prioriza la protección de altos cargos por encima de los derechos de las víctimas.
Confiscación de las cuentas del consulado
Un juzgado de Murcia ha ordenado el embargo de las cuentas del consulado de Marruecos para pagar una indemnización a una trabajadora que denunció acoso sexual y laboral. La justicia declaró nulo su despido y condenó al cónsul. Ante el incumplimiento de la sentencia, se procedió al embargo por más de 100.000 euros, que incluye indemnización, salarios atrasados, intereses y costas.