La DGED organizó varios ataques contra Brahim Gali en España mediante querellas utilizando los derechos humanos como coartada. Según el CNI, lúltima tentativa tenía como objetivo “presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental”.
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Fadel Breica depositó una querella en marzo de 2020 contra el presidente saharaui por presunta tortura en los campamentos. El abogado de Brahim Gali, Manuel Ollé, remitió un escrito al juez instructor, Santiago Pedraz, pidiéndole que incluya en la causa los dos informes en los que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le alertaba al Gobierno de Pedro Sánchez de que Breica, en realidad, cobra del servicio de espionaje exterior marroquí y que su denuncia contra Gali obedece a una campaña «judicial y mediática» orquestada por Rabat contra el Polisario con el fin de enturbiar las relaciones de España con Argelia y el pueblo saharaui.
También, según recoge el escrito presentado al juez Pedraz, el escrito tambien demuestra que los «únicos ingresos» que tiene Breica se los paga la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) de Marruecos, el servicio de inteligencia exterior dependiente de las Fuerzas Armadas del país norteafricano. «Breica fue miembro de la Iniciativa Saharaui para el Cambio (ISC) y ahora lo es del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP), organizaciones pantalla de la DGED», alertó el CNI.
La querella de Breica fue un intento de repetir el golpe que en 2007 dió Ramdan Mesaud, otro agente de los servicios secretos marroquíes. También por presunto crimen de tortura y genocidio contra Brahim Gali y Mahayub « Lincoln ». El asunto estaba seguido sigilosamente por la antena de la DGED instalada en la embajada de Marruecos en Madrid. En un mensaje envíado el 11 de agosto de 2013 alerta sobre la decisión del juez Rafael Ruz Gutierrez de convocar a los dos responsables saharauis para el 16 de agosto de 2013.
También informa de que el juez tiene previsto hacer comparecer Mustafa Kori Hamidi como « testigo » y Dahi Aguai y Saadani Maoulainine como « víctimas » según se describe en el mensaje. Indica que serán sometidos a un examen dedical por médicos forenses del Tribunal Supremo.
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Según El País, en junio de 2022, el CNI avisó al Gobierno español de que Marruecos alentó una ofensiva “judicial y mediática” con el fin de “acosar” a Gali, “dificultar su movilidad y “crear un estado de opinión en la prensa afín a sus intereses” cuando ingresó en un hospital de Logroño.
El CNI asegura que Rabat empleó “bastantes recursos, incluso económicos”, en “reactivar todas las denuncias y demandas” interpuestas ante la Justicia española contra el Frente Polisario y su líder, “además de otras nuevas”, y en “movilizar a la colonia marroquí” para que se manifestara contra la decisión de acoger a Gali, con el objetivo de “presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental”.
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El documento incluye un anexo con la identidad de personas y organizaciones supuestas colaboradoras en España de la DGED, el servicio de inteligencia exterior de las Fuerzas Armadas marroquíes, entre ellas la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), que en 2007 denunció a Gali y a otros líderes del Polisario por genocidio. El CNI asegura que esta asociación está dirigida por la DGED a través de su presidente, Ramdan Mesaud Larbi”.
El informe también cita a la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), cuya presidenta, que falleció recientemente, Lucia Jiménez, lo rechaza, así como a otras personas supuestamente colaboradoras de los servicios secretos marroquíes, entre ellas varios abogados. El CNI también señala al Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) como pantalla de los servicios secretos marroquíes.
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