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Una grabación filtrada, publicada a primera hora del viernes por el periodista marroquí Hamid El Mahdaoui, ha encendido una tormenta política y mediática en Marruecos, provocando llamamientos a investigaciones urgentes sobre una supuesta interferencia en casos judiciales.
También planteó preguntas sobre la conducta y las prácticas de confidencialidad del Comité de Ética y Disciplina del Consejo Nacional de Prensa.
La grabación filtrada muestra parte de una reunión interna del comité disciplinario e incluye lo que el periodista describió como «interferencia en casos actualmente ante los tribunales», así como el uso de «lenguaje ofensivo e inapropiado» dirigido a él y a su equipo legal.
El Consejo califica la filtración de difamación
El Mahdaoui declaró que el video documenta las deliberaciones dentro del Comité de Ética y Disciplina del Consejo Nacional de Prensa y contiene —según su descripción— información «grave» que socava la independencia del poder judicial.
También afirmó haber publicado el video «en interés público», señalando que su contenido «va más allá de la naturaleza interna de la sesión».
En respuesta, el comité provisional que supervisa el sector de la prensa y la edición anunció rápidamente que emprendería acciones legales contra El Mahdaoui.
El comité argumentó que su publicación de una «recopilación seleccionada de declaraciones e imágenes» de una reunión interna equivalía a «difamación» e insultaba a sus miembros.
El comité dijo que las deliberaciones de sus órganos están «protegidas por la confidencialidad» según las regulaciones internas, y que publicar imágenes de los asistentes sin su consentimiento es «una violación de la ley».
El comité acusó a El Mahdaoui de adoptar un «enfoque difamatorio y hostil» a través de videos diarios. Estos incluían «descripciones insultantes», alegaciones que desafiaban la integridad financiera de su presidente, e incluso afirmaciones de «interferencia israelí» detrás de los procedimientos éticos en su contra.
El Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí condenó el contenido de la filtración, describiéndolo como «grave» y perjudicial para la independencia de las instituciones y la credibilidad del sistema de autorregulación de la profesión.
Pidió una «investigación urgente e imparcial» para determinar responsabilidades y aplicar sanciones legales contra cualquier persona que se descubra que ha estado involucrada en infracciones que socaven la integridad de la profesión o la independencia del poder judicial.
Crecen los llamamientos a una investigación completa
El Parlamento también entró en el debate, ya que la diputada Fatima Tamni presentó una pregunta escrita al ministro de Cultura y Comunicación, instando al gobierno a aclarar su posición con respecto a lo que describió como el «escándalo ético y legal» revelado en las grabaciones.
Según el metraje, Tamni acusó a algunos miembros del comité de «conspirar» para privar a un periodista y a un medio de comunicación de derechos profesionales y financiación pública «por una lógica vengativa» y de insinuar «tráfico de influencias para interferir con el poder judicial».
El Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) también expresó su «profundo pesar» por el contenido de la grabación, pidiendo una «investigación judicial urgente» y argumentando que lo que contiene «socava la reputación e independencia del poder judicial», así como la credibilidad del Consejo Nacional de Prensa, además de erosionar «la confianza pública en las instituciones».
La controversia adquirió una nueva dimensión después de que El Mahdaoui revelara que había obtenido el video de una fuente que no divulgaría.
Insistió en que incluye «intentos de influir» en posiciones relacionadas con casos que aún están bajo revisión judicial, una afirmación que plantea la posibilidad de lanzar una investigación para verificar la autenticidad de las deliberaciones y las circunstancias de la filtración.
El problema sigue abierto a múltiples resultados en medio de crecientes llamamientos para descubrir la verdad sobre el contenido filtrado e identificar la responsabilidad legal y administrativa, para salvaguardar la integridad del sector de la prensa y garantizar la independencia del poder judicial en Marruecos.
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